Las pérdidas económicas derivadas de la controversia por los peajes en la vía Bucaramanga-Bogotá ya superan los 60 mil millones de pesos, según estimaciones conocidas por las autoridades, mientras continúa sin resolverse uno de los conflictos viales más prolongados de los últimos años en Santander.
La situación mantiene en incertidumbre a entidades gubernamentales, concesionarios, transportadores y comunidades que desde hace cerca de diez meses lideran protestas contra el cobro de estas estaciones.
La problemática persiste luego de que las más recientes conversaciones entre representantes del Gobierno Nacional y los líderes de las manifestaciones terminaran sin alcanzar un acuerdo definitivo. La falta de consensos ha impedido poner fin al levantamiento de las talanqueras en varios peajes estratégicos del corredor vial, una medida de protesta que se ha mantenido de forma ininterrumpida durante gran parte del último año.
Actualmente, la suspensión del recaudo continúa en estaciones como Curití y Pescadero, donde las diferencias entre las comunidades y las entidades responsables de la infraestructura vial siguen siendo profundas. Los manifestantes insisten en que los cobros no corresponden a las condiciones actuales de la carretera y reclaman mayores inversiones que garanticen una movilidad segura y eficiente para los usuarios.
El impacto financiero de esta situación comienza a generar preocupación entre las autoridades regionales y nacionales, que advierten sobre las consecuencias que tiene la ausencia de recursos para la operación y el mantenimiento de una de las vías más importantes del oriente colombiano. Los dineros provenientes de los peajes son fundamentales para atender emergencias, realizar intervenciones preventivas y garantizar la conservación de la infraestructura.
A pesar del complejo panorama, las autoridades destacaron un avance significativo en el municipio de Oiba, donde se logró restablecer el cobro en el denominado peaje de obra. Este hecho fue considerado como un paso importante dentro del proceso de diálogo que se viene desarrollando con las comunidades y diferentes actores involucrados en el conflicto.
¿Qué dicen las autoridades departamentales?
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que la normalización del recaudo en este punto fue posible gracias a varios meses de concertación y acercamientos entre el Gobierno, los líderes sociales, las autoridades locales y los sectores productivos de la región. Según indicó, el objetivo ha sido construir soluciones que permitan superar las diferencias mediante el diálogo.
No obstante, el funcionario reconoció que las dificultades continúan en otros sectores de la Ruta Nacional 45A. Durante aproximadamente diez meses se han realizado mesas técnicas, reuniones institucionales y jornadas de concertación en busca de acuerdos que permitan reactivar completamente el recaudo en todas las estaciones afectadas, pero los resultados aún son insuficientes.
Comunidades continuarán protesta en los peajes
Las comunidades que lideran las protestas sostienen que el principal problema radica en la falta de obras visibles que justifiquen los cobros. Los habitantes de las zonas de influencia aseguran que varios tramos de la carretera presentan deterioro, deficiencias en materia de seguridad vial y necesidades urgentes de intervención que no han sido atendidas con la celeridad esperada.
La reactivación del peaje de Oiba también generó nuevas manifestaciones por parte de algunos conductores y residentes de la región. Los inconformes consideran que el restablecimiento del cobro se produjo sin que existan garantías suficientes sobre la ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de movilidad en el corredor vial.
Los ciudadanos han reiterado que no están dispuestos a asumir nuevos costos mientras no se evidencien inversiones concretas en la infraestructura. Entre las principales exigencias se encuentran la rehabilitación de sectores deteriorados, la construcción de obras complementarias y una mayor transparencia sobre el destino de los recursos que se recauden en los peajes.
Mientras tanto, el conflicto continúa generando repercusiones económicas y operativas para la red vial nacional. Expertos advierten que la prolongada suspensión de los recaudos podría afectar la sostenibilidad financiera de varios proyectos de mantenimiento y limitar la capacidad de respuesta frente a emergencias ocasionadas por fenómenos naturales o contingencias en la carretera.
A la espera de nuevas mesas de diálogo, las autoridades mantienen la expectativa de alcanzar acuerdos que permitan destrabar una controversia que ya completa cerca de diez meses y que ha dejado pérdidas millonarias.
Sin embargo, las posiciones entre las comunidades y el Gobierno aún parecen distantes, lo que mantiene abierta una problemática que sigue impactando la movilidad, la economía regional y el futuro de la Ruta Nacional 45A.