El Ministerio de Ambiente revocó la decisión que había declarado como reserva de recursos naturales renovables de carácter definitivo a 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el área de influencia del Páramo de Santurbán.
La medida fue adoptada después de que un juzgado de Bucaramanga ordenara reiniciar el procedimiento debido a posibles vulneraciones de derechos de habitantes de California, Santander.
La determinación quedó consignada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, con la que se dejó sin efectos la Resolución 0994, expedida el 6 de agosto. Con esto, la declaratoria que había establecido una figura de protección ambiental sobre la microcuenca pierde vigencia y el proceso deberá comenzar nuevamente.
El caso había generado cuestionamientos por la manera y el momento en que se adelantó el trámite. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la resolución inicial fue expedida “a menos de 24 horas de terminar el anterior Gobierno”, mientras se encontraba en curso una acción de tutela relacionada con una posible vulneración de derechos y estaba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada.
El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga intervino en el proceso y ordenó reiniciarlo para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana. Dentro de sus determinaciones también dispuso dejar sin efectos la consulta pública que se había desarrollado para avanzar en la declaratoria, tras advertir una posible vulneración de tres derechos fundamentales de habitantes de California.
Por ahora, las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja no cuentan con los efectos derivados de la reserva que había sido declarada en agosto. Sin embargo, la decisión del Ministerio no significa que se haya descartado una eventual protección ambiental del territorio.
¿Qué se viene para Santurbán?
La cartera anunció que realizará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para establecer las medidas que podrían aplicarse en la zona.
Según lo informado por la entidad, el análisis deberá proporcionar elementos científicos y jurídicos suficientes para respaldar cualquier decisión posterior.
El Ministerio también aclaró que la revocatoria no representa un rechazo a los argumentos ambientales que habían sustentado la propuesta inicial. “No constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección”, indicó la entidad.
Uno de los principales aspectos que deberá retomarse en el nuevo trámite será la participación de las comunidades. El proceso anterior quedó cuestionado precisamente por las condiciones en las que se realizó la consulta pública, por lo que el Gobierno señaló que buscará garantizar nuevamente la intervención de los habitantes del territorio.