Los resultados de las pruebas PISA volvieron a encender el debate sobre la calidad de la educación en Colombia. El desempeño de los estudiantes en áreas como matemáticas, lectura y ciencias puso nuevamente la mirada sobre las dificultades que enfrenta el sistema educativo y abrió una discusión que va mucho más allá del trabajo que se realiza dentro de las aulas.
La pregunta que empieza a tomar fuerza es ¿quiénes son responsables de los resultados académicos de los estudiantes? Para Ingrid Ballesteros, vicepresidenta del Sindicato de Educadores de Santander e integrante de FECODE, no sería adecuado señalar exclusivamente a los docentes frente a un problema que, según su análisis, tiene múltiples factores.
La dirigente sindical reconoció que los resultados representan un retroceso en diferentes áreas del conocimiento, pero aseguró que para entender sus causas es necesario revisar las condiciones en las que estudian y trabajan las comunidades educativas.
Entre los aspectos que puso sobre la mesa están la financiación de la educación pública, infraestructura escolar, conectividad, alimentación, transporte escolar, número de estudiantes por docente y las diferencias entre las zonas urbanas y rurales.
Uno de los ejemplos mencionados está relacionado con la cantidad de estudiantes que debe atender cada maestro. Según Ballesteros, mientras en algunos países desarrollados las relaciones pueden ser menores, en Colombia existen grupos numerosos, especialmente en las zonas urbanas, además de instituciones rurales donde un solo docente puede tener a su cargo varios grados bajo el modelo de aula multigrado.
A esto se suma, según la representante del magisterio, la situación de algunas instituciones educativas que requieren mantenimiento, adecuaciones y mejores espacios para el aprendizaje.
La discusión también llegó al terreno de la jornada escolar. Ballesteros cuestionó que en algunos lugares todavía se mantengan esquemas de doble jornada debido a limitaciones de infraestructura, situación que reduce el tiempo de permanencia de los estudiantes en las instituciones.
Otro de los puntos abordados fue la brecha entre la educación urbana y rural, especialmente por las dificultades de conectividad, acceso a materiales educativos y disponibilidad de docentes especializados.
El celular y las nuevas tecnologías, otra pieza del debate
Pero no todo el análisis apunta hacia el Estado. Durante la conversación también se puso sobre la mesa el impacto del uso excesivo de celulares, redes sociales y otras plataformas digitales en los procesos de aprendizaje.
Ballesteros reconoció que la tecnología y herramientas como la inteligencia artificial pueden aportar importantes beneficios cuando se utilizan con objetivos educativos y científicos. Sin embargo, advirtió que el uso sin orientación puede afectar la capacidad de los estudiantes para mantener la concentración durante períodos prolongados.
La docente señaló que existe preocupación por la reducción del interés en actividades que requieren lectura profunda, interpretación, argumentación y perseverancia, frente al consumo de contenidos breves y de rápida respuesta.
En este punto, el debate también involucra a las familias, pues los padres pueden desempeñar un papel importante en el acompañamiento escolar y en la regulación del tiempo que los menores dedican a dispositivos tecnológicos.
¿Y qué pasa con los profesores?
Otro de los cuestionamientos planteados durante la entrevista fue la idea de que algunos docentes con mayor edad deberían retirarse para dar paso a nuevas generaciones de maestros.
Frente a esta posición, Ballesteros defendió el valor de la experiencia del profesorado y aseguró que no debería establecerse una relación directa entre edad y calidad de la enseñanza.
Su propuesta apunta a que docentes con trayectoria y profesores jóvenes puedan intercambiar conocimientos y experiencias, aprovechando las fortalezas de ambas generaciones.
También señaló que la formación y actualización profesional debe ser una responsabilidad compartida con el Estado, especialmente frente a los cambios tecnológicos que atraviesa actualmente la educación.
Una responsabilidad que no sería de un solo actor
Para la vicepresidenta del Sindicato de Educadores de Santander, buscar un único responsable por los resultados de las pruebas PISA sería una mirada demasiado reducida.
La calidad educativa, sostuvo, involucra a estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y, de manera fundamental, al Estado.
En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la inversión pública en educación, mejorar la infraestructura, ampliar la planta docente, garantizar herramientas para el aprendizaje y avanzar en políticas que permitan cerrar las brechas entre los diferentes territorios.
También puso sobre la mesa la discusión que actualmente existe alrededor de la financiación de la educación pública y la necesidad de que las decisiones presupuestales permitan cumplir los objetivos planteados en los planes educativos nacionales.
La discusión queda abierta. Los resultados de PISA muestran dificultades que requieren atención, pero el debate plantea que mejorar el desempeño académico de los estudiantes no depende únicamente de exigir mejores resultados a los profesores.
También implica preguntarse en qué condiciones están aprendiendo los estudiantes, con qué herramientas cuentan, cuánto acompañamiento reciben y qué recursos tiene el sistema educativo para responder a esas necesidades.
El desafío, por tanto, no parece tener una sola respuesta. La tarea está en determinar qué debe cambiar dentro y fuera del aula para que los próximos resultados reflejen una mejor educación para los estudiantes colombianos.