La defensa del páramo de Santurbán tendrá ahora una intervención directa y especializada del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, designó a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios para que asuma la representación en la acción popular que busca proteger este ecosistema estratégico.
La decisión quedó consignada en la Agencia Especial No. 054 del 21 de octubre de 2026. Con ella, el jefe del ente de control busca garantizar que el debate judicial que se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Santander cuente con un enfoque técnico frente a los componentes ambientales, mineros y sociales en juego.
Coherencia judicial para evitar fallos contradictorios
Para la Procuraduría, el caso no puede analizarse de forma aislada. Santurbán es clave para el abastecimiento de agua de millones de personas en el oriente colombiano y cualquier decisión debe guardar coherencia con las órdenes judiciales que ya existen.
En particular, el Ministerio Público pidió que se tenga como referencia obligatoria la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que trazó la hoja de ruta para la delimitación del páramo.
El objetivo es evitar que nuevas medidas cautelares o de fondo choquen entre sí y terminen debilitando la protección integral del territorio.
El punto crítico: las comunidades no fueron escuchadas de verdad
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la participación ciudadana. La entidad recordó que en el Vigésimo Segundo Informe de Cumplimiento de la Sentencia T-361, presentado junto a la Defensoría del Pueblo el pasado 5 de mayo de 2025, se advirtieron fallas graves en el trámite que dio origen a la Resolución 0221 de 2025, que declaró la reserva temporal en la zona.
Según ese informe, hubo problemas en la convocatoria, poca socialización de la propuesta, trabas para que la gente presentara sus comentarios y respuestas inconsistentes a las inquietudes de los habitantes.
La alerta no era nueva. Desde el 14 de febrero de 2025, la Procuraduría había pedido mediante oficio abrir espacios reales de diálogo y revisar la extensión del área que se pretendía reservar.
Para el ente de control, la pregunta de fondo es si la autoridad ambiental realmente tuvo en cuenta la voz de quienes viven del territorio. Escuchar, advirtió, no es solo abrir un buzón para recibir observaciones. Implica analizar cada aporte y responderlo de forma clara y motivada, sobre todo cuando están en juego el uso del suelo y la subsistencia de comunidades campesinas y mineras.
Precaución ambiental sin atropellar el debido proceso
La Procuraduría también se pronunció sobre el uso del principio de precaución, que permite a las autoridades actuar ante riesgos de daños ambientales graves e irreversibles aun sin certeza científica total.
Aclaró que ese principio es válido y necesario para Santurbán, pero no puede aplicarse de forma automática ni usarse como excusa para saltarse el debido proceso. Debe estar soportado en estudios científicos y en una valoración rigurosa del riesgo.
Por ello, solicitó al Tribunal Administrativo de Santander que, antes de imponer nuevas medidas cautelares, evalúe de manera integral los estudios técnicos disponibles, las actuaciones administrativas que aún están pendientes y las órdenes vigentes de la Corte Constitucional.
También pidió revisar con detenimiento los plazos propuestos para definir si se mantiene o no la reserva temporal.