Un total de 115 estudiantes de dos instituciones educativas de Santander denunciaron que podrían quedarse sin presentar las Pruebas Saber 11 programadas para este domingo 26 de julio, debido a situaciones diferentes que hoy son materia de reclamación ante las autoridades competentes.
Mientras en el Instituto Miguel Sánchez, ubicado en la vereda Acapulco de Girón, la denuncia apunta a un presunto caso de corrupción relacionado con el manejo del dinero de las inscripciones, en el Instituto Técnico Aquileo Parra de Barichara el problema obedecería a un error en la plataforma del ICFES que dejó por fuera a 39 estudiantes.
Denuncian presunto caso de corrupción en Girón
José Gerardo Suárez, representante legal del movimiento Mayoría de Equidad Ciudadana, aseguró que 38 estudiantes del Instituto Miguel Sánchez no podrán presentar las Pruebas Saber 11 debido a que, presuntamente, una funcionaria encargada del proceso recibió el dinero de las inscripciones, pero nunca efectuó el registro oficial de los jóvenes.
Según explicó, cada estudiante entregó 72.000 pesos para cubrir el valor de la inscripción y los padres cuentan, en varios casos, con recibos que evidencian el pago.
"La denuncia fue interpuesta por una de las madres de familia. Ella manifiesta que entregó el dinero correspondiente a los 38 estudiantes y que este nunca fue consignado para realizar las inscripciones", afirmó Suárez.
El vocero indicó que el rector del plantel les informó posteriormente que los estudiantes no aparecían registrados ante el ICFES y, por esa razón, no podrían presentar el examen.
Asimismo, señaló que desde la institución educativa se habría informado que la funcionaria involucrada ya no continúa en el cargo, aunque hasta el momento no existiría una solución que permita a los jóvenes presentar la prueba en la fecha prevista.
Suárez aseguró que, junto con consejeros municipales de Juventud, adelantan gestiones para que el caso tenga visibilidad y se investiguen las presuntas responsabilidades.
"Lo más importante es garantizar el derecho a la educación de estos jóvenes y que no se les cierre la posibilidad de acceder a la educación superior", expresó.
En Barichara, el problema sería un error en la plataforma del ICFES
La situación también afecta al Instituto Técnico Aquileo Parra de Barichara, donde 39 estudiantes no recibieron la citación para presentar el examen, pese a que, según la institución, el proceso de inscripción y el pago fueron realizados correctamente.
La rectora del plantel, Rubía Lavarón, explicó que el colegio inscribió a 87 estudiantes y realizó un pago grupal el 30 de abril en el Banco de Bogotá.
De acuerdo con la directiva, al día siguiente verificaron en la plataforma del ICFES que todos los estudiantes aparecían en estado de inscritos, por lo que continuaron el proceso con normalidad.
Sin embargo, cuando comenzaron a descargar las citaciones el pasado 10 de julio, únicamente pudieron obtener las correspondientes a 48 estudiantes.
Tras varios intentos, la institución verificó nuevamente la plataforma y encontró que 39 alumnos habían regresado al estado de preinscripción, pese a que el pago sí figuraba como realizado.
Ante esta situación, el colegio radicó una petición formal ante el ICFES el 15 de julio y solicitó una respuesta urgente.
Padres rechazan reprogramación
Durante una videollamada entre el ICFES, la institución educativa y los padres de familia, la entidad nacional confirmó que el inconveniente obedeció a un error de la plataforma tecnológica.
Como alternativa, el Instituto propuso reprogramar la aplicación de las pruebas para los 39 estudiantes antes del mes de septiembre.
No obstante, los padres rechazaron esa posibilidad al considerar que perjudicaría los procesos de admisión universitaria de los jóvenes.
En cambio, solicitaron que el ICFES aplace una o dos semanas la jornada de aplicación de las Pruebas Saber 11 en la provincia de Guanentá, donde cerca de 1.800 estudiantes presentan el examen en diferentes sedes de San Gil, con el fin de que todos puedan participar en igualdad de condiciones.
Las familias de ambos municipios esperan una respuesta urgente que permita garantizar el derecho de los estudiantes a presentar una prueba decisiva para su ingreso a la educación superior.