La violencia contra los funcionarios públicos vuelve a generar preocupación en San Gil. En menos de un mes se registró el tercer caso de agresión contra servidores de la Administración Municipal, esta vez durante un procedimiento adelantado por personal de Espacio Público en el sector del Malecón, donde un menor de edad de nacionalidad venezolana, perteneciente a un grupo de habitantes de vivienda no formal, habría atacado a dos funcionarios con piedras.
El hecho ocurrió sobre las 8:15 de la mañana del pasado miércoles 15 de julio, cuando los funcionarios realizaban labores de control tras las constantes quejas de la comunidad por la permanencia de personas durmiendo en este sector turístico de la ciudad.
Según explicó el secretario de Gobierno de San Gil, coronel (r) Orlando Quintero, los funcionarios solicitaron a varias personas que se encontraban pernoctando en el lugar que despejaran el espacio público. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando uno de los jóvenes reaccionó de forma violenta.
"Esta sería la tercera agresión en serie que estamos sufriendo. Uno de los jóvenes venezolanos se levantó muy agresivo y les lanzó piedras a los funcionarios de Espacio Público", afirmó el secretario.
Como consecuencia del ataque, dos funcionarios resultaron lesionados y debieron ser trasladados al Hospital Regional de San Gil, donde recibieron atención médica. Uno de ellos fue incapacitado por dos días, mientras que el otro recibió una incapacidad de cinco días, según los primeros dictámenes médicos.
¿Por qué no hubo captura?
Sobre este punto surgieron cuestionamientos debido a que la comunidad esperaba una actuación inmediata de las autoridades.
El teniente coronel Andrés Hernández, comandante del Distrito de Policía, explicó que cuando las patrullas llegaron al sitio ya no existía una riña en desarrollo, sino únicamente una discusión entre las partes involucradas.
Según el oficial, los policías conocieron que previamente se habría presentado el lanzamiento de piedras, pero al no evidenciar una situación de flagrancia en ese momento, no fue posible realizar una captura.
La autoridad confirmó además que la madre del menor fue objeto de un comparendo conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), mientras se espera que los funcionarios lesionados instauren la correspondiente denuncia penal.
La Alcaldía pide respuestas
El secretario de Gobierno anunció que presentará un informe oficial acompañado de fotografías ante la Policía Nacional para conocer las razones por las cuales no se produjo una captura tras la agresión.
Asimismo, recordó que la Fiscalía General de la Nación ya adelanta investigaciones por los dos ataques anteriores, ocurridos recientemente contra una alférez de tránsito y un auxiliar de tránsito, casos que, según indicó, fueron priorizados por las autoridades judiciales.
"Esperamos que haya resultados y que estas agresiones no queden en la impunidad", manifestó Quintero.
Preocupa el aumento de habitantes de vivienda no formal
Otro de los temas abordados por la Administración Municipal fue el incremento de habitantes de vivienda no formal y personas en condición de calle que permanecen en parques, zonas verdes y espacios turísticos de San Gil.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, muchas de estas personas llegan atraídas por la limosna que reciben de algunos ciudadanos.
Por ello reiteró el llamado a la comunidad para no incentivar esta práctica, argumentando que contribuye a que más personas permanezcan en el municipio ocupando espacios públicos.
La Administración explicó que continúa ofreciendo atención mediante el Hogar de Paso, donde se brinda alimentación, cambio de ropa y atención básica; sin embargo, indicó que varias personas abandonan voluntariamente estos programas y regresan a las calles.
Con este nuevo episodio, San Gil suma tres agresiones consecutivas contra servidores públicos, una situación que ha generado preocupación entre las autoridades, quienes insisten en fortalecer la presencia policial, garantizar el respeto por quienes ejercen funciones públicas y avanzar en la judicialización de los responsables.