Una preocupación crece entre los representantes de la organización comunal de San Gil por el avance del proceso de actualización y reconocimiento de la personería jurídica de las Juntas de Acción Comunal. De acuerdo con información suministrada por Asojuntas San Gil, de las 106 juntas existentes en el municipio, solamente 21 cuentan actualmente con la personería jurídica aprobada para el periodo 2026-2030.
La situación ha generado dificultades para la participación formal del municipio en escenarios de representación comunal a nivel departamental. Según explicó Mónica Guerrero, presidenta de Asojuntas San Gil, varias organizaciones todavía están pendientes de completar los trámites, mientras otras recibieron respuestas de rechazo o negación que ahora deben ser revisadas y, cuando corresponda, subsanadas.
Guerrero señaló que entre 30 y 40 juntas podrían avanzar próximamente en el proceso, dependiendo de las resoluciones y de los trámites que todavía se encuentran en curso. La expectativa de Asojuntas es que el número de organizaciones habilitadas aumente y permita retomar con mayor fuerza la participación de San Gil en las instancias comunales.
Uno de los principales obstáculos identificados está relacionado con el desconocimiento de los cambios normativos y de los procedimientos electorales. La presidenta de Asojuntas explicó que algunas juntas cometieron errores durante la conformación de sus tribunales de garantías, particularmente porque algunas personas que habían ejercido funciones dentro de las planchas anteriores pasaron a integrar dichos tribunales.
Estos aspectos, que anteriormente podían ser objeto de subsanación dentro del proceso de transición normativa, ahora deben ajustarse estrictamente a las disposiciones vigentes, según explicó Guerrero.
La situación también tuvo repercusiones en el proceso de elección de la Federación Departamental de Acción Comunal de Santander. San Gil no logró contar con la participación formal que esperaba debido al número de juntas que todavía no tienen consolidada su situación jurídica. Sin embargo, la dirigente comunal aclaró que el proceso departamental aún debe ser revisado por la instancia correspondiente y que la decisión definitiva dependerá de la verificación del cumplimiento de los requisitos y del quórum.
Para Asojuntas, esta situación trasciende una elección. La representación comunal puede convertirse en una herramienta para gestionar capacitaciones, proyectos, recursos y programas dirigidos a las comunidades.
Guerrero explicó que las Juntas de Acción Comunal trabajan directamente por barrios y veredas; Asojuntas articula las organizaciones del municipio y la Federación representa los intereses del departamento. Por esta razón, contar con participación en esos escenarios permite que las necesidades de las comunidades sean conocidas y puedan incorporarse a diferentes procesos de gestión.
La preocupación también está relacionada con aquellas juntas que recibieron una resolución de rechazo o negación. Según Guerrero, estos documentos tienen efectos dentro del procedimiento y deben ser conocidos por los afiliados, quienes tienen derecho a saber cuál es el estado de su organización y qué pasos deben seguir para continuar con el proceso.
La dirigente comunal hizo énfasis en que la responsabilidad no recae únicamente sobre los presidentes de las juntas. La participación corresponde a todos los afiliados, desde quienes hacen parte de las comunidades hasta quienes ejercen cargos de representación.
En ese sentido, Asojuntas prepara un escenario de capacitación y acompañamiento para que las organizaciones puedan conocer mejor las normas, corregir errores y avanzar en los trámites pendientes.
El llamado es a que las juntas que todavía no han completado el proceso consulten el estado de sus solicitudes, revisen las resoluciones recibidas y adelanten las actuaciones necesarias dentro de los tiempos establecidos.
El objetivo es que San Gil pueda recuperar plenamente su capacidad de participación en la estructura comunal y que las 106 juntas del municipio tengan la oportunidad de avanzar hacia una organización más fortalecida y con mayor capacidad de gestión.
Más allá de las dificultades actuales, desde Asojuntas consideran que el proceso también puede convertirse en una oportunidad para que los líderes comunales se actualicen, conozcan las nuevas reglas y eviten que errores administrativos terminen limitando la representación de sus comunidades.