La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia elevó una solicitud urgente al presidente Gustavo Petro Urrego para que intervenga en el trámite final del proyecto de ley 149 de 2024 Senado y 572 de 2025 Cámara, que busca regular el funcionamiento y reconocimiento de las comunidades gestoras del agua en el país.
El llamado se produce tras el hundimiento del proceso legislativo en su etapa final de conciliación en el Senado, situación que las organizaciones atribuyen a dilaciones políticas y falta de agendamiento del debate en la plenaria.
En el comunicado, fechado el 19 de junio de 2026, la Red —que agrupa organizaciones de acueductos comunitarios en distintas regiones del país— advierte que tras más de 20 años de trabajo, cuatro debates aprobados por unanimidad y un informe de conciliación ya avalado en la Cámara de Representantes, el proyecto estaba a un paso de convertirse en ley.
“Solo le falta la conciliación en Senado para hacer ley”, señala el documento, en el que también se acusa a sectores políticos como Cambio Radical y el Centro Democrático, además de decisiones del presidente del Senado Lidio García y del secretario general Diego González, de haber obstaculizado el avance del trámite legislativo.
Según la Red, estas acciones impidieron que se agendara la votación pese a solicitudes reiteradas de varios congresistas durante los últimos meses, lo que habría provocado la pérdida de una oportunidad histórica para el reconocimiento legal de estas organizaciones.
El proyecto busca regular a las comunidades gestoras del agua, su manejo de aguas residuales y otras disposiciones relacionadas, en un país donde, según las organizaciones, más de 14 millones de personas dependen de estos sistemas comunitarios, especialmente en zonas rurales.
La iniciativa ha contado con el respaldo de múltiples redes regionales, entre ellas organizaciones de Boyacá, Meta, Casanare, Guaviare, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Caribe y Bogotá-Cundinamarca, además de instituciones académicas y sociales.
También se suma el acompañamiento del Secretariado Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil, que junto a otras entidades firmantes respalda el proceso como una apuesta por la defensa del agua y el fortalecimiento de la organización comunitaria.
“Colombia pierde una oportunidad histórica”
Desde el liderazgo comunitario, se insiste en que el país dejó pasar una oportunidad clave para reconocer jurídicamente un modelo que ha funcionado durante décadas.
La coordinadora de formación comunitaria de SEPAS, Mónica Johana Rueda Rincón, explicó que el proyecto representaba un avance fundamental para equilibrar las condiciones entre los acueductos comunitarios y las empresas prestadoras del servicio.
“Colombia pierde una oportunidad supremamente valiosa de reconocer un modelo de gestión que existe”, afirmó, al señalar que más de 8 millones de personas dependen directamente de estos sistemas de abastecimiento.
Rueda enfatizó que el modelo comunitario funciona bajo principios de organización solidaria, asamblea y participación directa, pero enfrenta cargas administrativas y tributarias desiguales frente a las empresas comerciales del sector.
Diferencias estructurales del modelo
La vocera explicó que, a diferencia de las empresas prestadoras de servicios, los acueductos comunitarios operan con recursos propios de las comunidades, sin acceso a esquemas de financiamiento estatal similares, lo que limita su capacidad de expansión y sostenibilidad.
En estos sistemas, los usuarios no son clientes, sino asociados que participan en la toma de decisiones, el mantenimiento de la infraestructura y la protección de las fuentes hídricas.
“Las comunidades son responsables de todo el sistema, desde la captación del agua hasta su distribución”, señaló, destacando que el modelo se sostiene con trabajo voluntario, cuotas familiares y organización comunitaria.
Un llamado al Gobierno
Ante el archivo del proyecto en su última etapa, las organizaciones insisten en que la lucha no termina y que el proceso seguirá en revisión estratégica y política desde las comunidades.
Sin embargo, el llamado principal está dirigido al Ejecutivo para que evalúe mecanismos que permitan reactivar el trámite legislativo y evitar que el proyecto quede definitivamente archivado.
“Se solicita incluir de manera expresa la conciliación del proyecto en sesiones extraordinarias para que 20 años de trabajo no se pierdan por la dilación de unos pocos”, señala el comunicado de la Red.
Las organizaciones concluyen que la gestión comunitaria del agua seguirá viva en los territorios, aunque sin el respaldo jurídico que buscaba esta iniciativa, lo que deja abierto el debate sobre el futuro de la gobernanza del agua en Colombia.