Niños, adultos mayores y campesinos del municipio de San Andrés, en Santander, arriesgan su vida a diario al cruzar un puente artesanal que quedó prácticamente destruido tras las crecientes del río Congreso.
La ausencia de una infraestructura vial segura ha obligado a la comunidad a utilizar pasos improvisados y altamente inestables, convirtiendo cada recorrido en una situación de peligro latente para quienes dependen de este cruce para sobrevivir.
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La emergencia afecta de manera directa a cerca de 2.000 familias campesinas que habitan en el sector rural del municipio. La necesidad de asistir a citas médicas, llevar a los niños a la escuela o desplazarse para trabajar ha llevado a estas personas a exponerse constantemente a caídas, deslizamientos y crecientes súbitas del afluente, que en cuestión de minutos pueden dejar incomunicada a toda la zona.
El paso improvisado se encuentra sobre un deslizamiento de tierra de aproximadamente 700 metros, fenómeno geológico que terminó separando al casco urbano de San Andrés de gran parte de su área rural.
Esta situación ha generado no solo dificultades de movilidad, sino también un fuerte impacto social y económico para las comunidades que dependen del tránsito diario para el abastecimiento y la comercialización de sus productos.
Las condiciones climáticas han agravado el panorama. Las lluvias constantes y las crecientes súbitas del río Congreso han deteriorado aún más los accesos, provocando cierres totales del paso en repetidas ocasiones. A esto se suman los movimientos de tierra, que continúan ampliando el deslizamiento y aumentando el riesgo de colapso de las estructuras artesanales utilizadas por los habitantes.
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Como medida provisional, en el sector fue instalado un puente militar; sin embargo, esta solución no ha sido suficiente. La vía de acceso al puente se encuentra en pésimas condiciones, lo que impide su uso adecuado y limita el tránsito de personas y vehículos. Según la comunidad, la falta de mantenimiento y de obras complementarias hace que esta alternativa no garantice una movilidad segura ni permanente.
La problemática ha golpeado con especial fuerza a los adultos mayores y a los niños, quienes deben cruzar el sector a pie, muchas veces cargando útiles escolares o medicamentos. Padres de familia aseguran que, en temporada de lluvias, el temor es constante ante la posibilidad de una tragedia, pues no existen rutas alternas para llegar al centro del municipio o a centros de salud cercanos.
En el ámbito económico, los campesinos señalan que las dificultades de acceso han reducido significativamente sus ingresos. Productos como café y panela, principales renglones de la economía local, deben ser transportados a mano o con grandes esfuerzos para poder ser comercializados en departamentos vecinos como Cundinamarca y Boyacá, lo que incrementa los costos y reduce las ganancias.
Ante este escenario, la comunidad ha elevado reiterados llamados a las autoridades departamentales y nacionales. Como solución inmediata, solicitan al menos la instalación de una canasta artesanal que permita el paso seguro de productos agrícolas, mientras se define una alternativa estructural que garantice la conectividad entre el casco urbano y el sector rural.
Han pasado tres años desde que se presentó la emergencia inicial y, lejos de mejorar, la situación se ha agravado. Los habitantes de San Andrés advierten que no existen recursos asignados para la construcción de un nuevo puente y temen que, de no tomarse medidas urgentes, la región enfrente una tragedia mayor. Mientras tanto, miles de personas continúan jugándose la vida a diario para no quedar aisladas y poder continuar con sus actividades básicas.