El interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, se pronunció frente al caso que ha causado indignación en Bucaramanga y en el país: la muerte de un bebé de apenas 40 días de nacido que falleció mientras esperaba la autorización para un traslado médico especializado.
El funcionario aseguró que se ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer qué ocurrió durante el proceso de atención y determinar si existieron fallas que hayan influido en el desenlace fatal del menor.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos al sistema de salud, luego de que la familia denunciara presuntas demoras administrativas mientras el niño permanecía en estado crítico.
El bebé había sido remitido desde Málaga hacia Bucaramanga por un cuadro de bronquiolitis severa y posteriormente fue diagnosticado con hipertensión pulmonar moderada severa, una condición que requería manejo especializado urgente en una institución de mayor complejidad.
Según relató el padre del menor, una vez se conoció el diagnóstico solicitaron el traslado hacia la Clínica Cardiovascular, donde existía la disponibilidad de equipos pediátricos especializados para atender el caso. Sin embargo, aseguró que, pese a contar con un preaprobado, la autorización definitiva de Nueva EPS nunca llegó a tiempo y el menor falleció antes de poder ser remitido.
Frente a esta situación, Jorge Iván Ospina indicó que un menor de edad debe tener prioridad absoluta en cualquier centro asistencial del país, incluso por encima de aspectos administrativos, financieros o de cartera. El interventor sostuvo que la atención de un niño no puede estar condicionada por trámites burocráticos cuando existe riesgo inminente para la vida.
El funcionario explicó además “que el bebé padecía una malformación congénita cardiovascular compleja, condición que requería una respuesta inmediata por parte de toda la red de atención médica”.
En ese sentido, afirmó que las autoridades sanitarias revisarán cada paso del proceso asistencial para establecer si hubo omisiones, retrasos o decisiones equivocadas durante la atención del menor.
Ospina también cuestionó que, presuntamente, una institución médica no hubiera garantizado la atención requerida argumentando aspectos económicos. Aunque evitó emitir conclusiones anticipadas, advirtió que cualquier conducta que haya puesto en riesgo la vida del bebé deberá ser investigada rigurosamente por las autoridades competentes.
La muerte del niño volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan cientos de familias colombianas para acceder de manera oportuna a tratamientos especializados, especialmente cuando se trata de pacientes pediátricos que dependen de autorizaciones, remisiones y disponibilidad de camas para recibir atención.
El caso ha despertado múltiples reacciones de indignación en Santander y en diferentes sectores del país.
Contexto del caso y la petición que hace la familia
La familia del menor insiste en que desde el momento en que se conoció la gravedad del diagnóstico se debieron tomar decisiones inmediatas. Según denunciaron, el tiempo perdido entre autorizaciones y trámites administrativos terminó agravando el estado de salud del bebé, que permanecía hospitalizado mientras se definía su traslado a otro centro médico.
Entretanto, desde Nueva EPS se anunció que la investigación buscará establecer no solo posibles responsabilidades individuales, sino también revisar si existen fallas estructurales dentro de la cadena de atención que puedan repetirse en otros casos similares. El interventor aseguró que se adoptarán correctivos para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a ocurrir.
El pronunciamiento también incluyó un llamado dirigido a clínicas, hospitales y personal médico del país para fortalecer la sensibilidad y la capacidad de reacción frente a emergencias pediátricas. Según Ospina, ningún niño debería esperar autorizaciones cuando se encuentra en condición crítica y requiere atención inmediata para preservar su vida.
En Bucaramanga el caso generó dolor e indignación
Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Elián Mateo continúa generando profundo dolor e indignación entre sus familiares, quienes esperan que el caso no quede impune y que las autoridades determinen qué ocurrió realmente durante las horas decisivas en las que el menor esperaba ser trasladado.
El hecho reabre el debate sobre las barreras administrativas en el sistema de salud colombiano y la necesidad urgente de garantizar atención rápida y efectiva para los pacientes más vulnerables.