La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) encendió las alarmas frente al traslado de 17 internos al Complejo Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander.
El sindicato considera que, antes de recibir nuevos privados de la libertad, especialmente personas consideradas de alto riesgo, se debe establecer si el penal cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad.
Sindicato del Inpec exige garantías
La organización sindical puso el foco en la capacidad actual del establecimiento y pidió revisar aspectos como el número de funcionarios disponibles, la infraestructura, los equipos técnicos y las herramientas tecnológicas con las que cuenta el penal para afrontar las nuevas exigencias operativas.
Para la UTP, incrementar la población carcelaria sin fortalecer paralelamente estos componentes podría aumentar la presión sobre los funcionarios encargados de la custodia y vigilancia, quienes tienen bajo su responsabilidad el control diario de los internos.
El pronunciamiento del sindicato ocurre además en un momento particularmente sensible para los trabajadores del Inpec, tras el asesinato de Efraín Quesada, funcionario que fue atacado cuando se dirigía a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón.
La muerte del funcionario volvió a poner sobre la mesa la situación de seguridad que enfrentan los trabajadores penitenciarios en Santander. Para la UTP, cualquier decisión que implique mayores responsabilidades dentro del penal debe analizarse teniendo en cuenta los riesgos que ya afronta el personal.
Traslado de internos a Palogordo
El sindicato considera que el traslado de internos no puede evaluarse únicamente desde la disponibilidad de cupos. Según su posición, también deben analizarse las condiciones de seguridad y la capacidad operativa que tiene el establecimiento para recibir personas que puedan representar mayores desafíos para los guardianes.
Otro de los reclamos está relacionado con la participación de los funcionarios en este tipo de decisiones. La UTP pidió que el personal de custodia y vigilancia sea escuchado antes de adoptar medidas que puedan modificar las condiciones de trabajo dentro del complejo penitenciario.
Los trabajadores aseguran que son quienes conocen de primera mano las dificultades que se presentan diariamente en el establecimiento y, por ello, consideran que su experiencia debe ser tenida en cuenta al momento de definir nuevos traslados.
Ante este escenario, la organización sindical solicitó a las directivas del Inpec y al Gobierno Nacional revisar la decisión relacionada con los 17 internos y evaluar si el CPAMS Girón tiene actualmente las condiciones necesarias para asumir ese traslado.
Reclaman fortalecimiento de garantías
La UTP también reclamó un fortalecimiento de las medidas de protección para los funcionarios penitenciarios, especialmente después del homicidio de Quesada, ocurrido cuando se desplazaba precisamente hacia su lugar de trabajo.
El sindicato insistió en que el debate no se limita al número de internos que puede recibir una cárcel, sino a las garantías que tienen quienes deben permanecer dentro del establecimiento custodiando a esa población privada de la libertad.
“No queremos más funcionarios del cuerpo de custodia muertos; a nosotros nos duelen y nos afligen”, manifestó la UTP, al expresar su rechazo frente a decisiones que, según la organización, no estarían teniendo en cuenta las condiciones actuales del personal penitenciario.
Ahora el llamado está dirigido al Inpec y al Gobierno Nacional para que revisen las condiciones de seguridad del complejo de Girón y adopten las medidas necesarias para evitar que el aumento de las exigencias operativas termine poniendo en mayor riesgo a los funcionarios encargados de la custodia.