El gerente del Hospital Universitario de Santander, Ricardo Hoyos, reiteró su disposición firme para avanzar en el proceso de formalización laboral, siempre y cuando se desarrolle de manera responsable, sostenible y conforme a la ley.
Así, explicó, habrá estabilidad institucional y la continuidad en la prestación de los servicios de salud del centro asistencial.
Aseguró además que cualquier proceso de formalización debe estar soportado en una adecuada planeación financiera, teniendo en cuenta que la ampliación de la planta de personal implica costos permanentes, especialmente en un contexto de incremento del salario mínimo, lo que obliga a asegurar la sostenibilidad presupuestal a largo plazo.
Estos argumentos les fueron expuestos a los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes además les recordó que en noviembre del año anterior el Ministerio de Salud anunció el pago de cerca de 60 mil millones de pesos correspondientes a una deuda histórica del Gobierno Nacional por la atención brindada a población migrante.
No obstante, aclaró que estos recursos no representan un incentivo adicional ni un fondo nuevo, sino el reconocimiento de servicios ya prestados, en cumplimiento de una obligación legal del Estado con el hospital.
El gerente enfatizó que la formalización laboral no puede ejecutarse de manera improvisada ni bajo presiones coyunturales, ya que requiere análisis técnicos y financieros, además de la aprobación de la Junta Directiva, órgano competente para autorizar modificaciones estructurales que comprometen el futuro financiero de la institución. Recordó, además, el antecedente del Hospital Ramón González Valencia, liquidado en 2005 por falta de pagos, como un ejemplo de las consecuencias de decisiones sin respaldo financiero.
A este panorama se suma la crítica situación de cartera. Según la gerencia, actualmente existe una deuda cercana a los 300 mil millones de pesos por parte de EPS intervenidas, valor que se incrementó después de dichas intervenciones y que representa cerca del 70 % de la cartera total del hospital.
Por eso advirtió que sin garantías de continuidad en los pagos del Gobierno Nacional y sin cumplimiento oportuno de las EPS, cualquier proceso de formalización podría convertirse en un riesgo financiero insostenible, afectando gravemente la operación institucional y la atención a los usuarios.
Y aunque todo fue argumento el Hospital Universitario de Santander recibió por parte del Ministerio de Trabajo una multa sancionatoria cercana a los 3.000 millones de pesos, la cual aún no ha sido ejecutada.
La entidad otorgó un plazo hasta el mes de junio para la presentación de un proyecto base que permita avanzar en la formalización de un grupo significativo de trabajadores, plazo que, según la gerencia, está siendo atendido con total seriedad y responsabilidad.