San Gil, capital de la provincia Guanentá, continúa con una problemática relacionada con el avalúo catastral; algunos ciudadanos han reportado incrementos desproporcionados en los avalúos de sus fincas, los cuales, en algunos casos llegaron hasta a 2.800%.
En una sesión del Concejo Municipal se dio a conocer esta problemática por parte de algunos ciudadanos, quienes, con cifras específicas, alzaron su voz de protesta, haciendo el llamado directo a la Alcaldía y específicamente a la Secretaría de Hacienda municipal.
Ante esta situación, el alcalde Édgar Orlando Pinzón Rojas lideró un recorrido por varias fincas del municipio, con el objetivo de evaluar la situación.
“Hemos culminado un recorrido por los diferentes puntos veredales, 9 en total, que fueron acordados con los presidentes de Juntas de Acción Comunal rural; allí se brindó orientación personalizada a quienes necesitaron apoyo para presentar las reclamaciones ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por los avalúos desproporcionados, que nosotros somos conscientes que existen”, manifestó el mandatario santandereano, quien, además, reveló que han recibido más de 1.300 reclamaciones.
Para el jueves 19 de marzo de 2026 se tiene programada una reunión entre la administración municipal y el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda González, y se espera poder solucionar la problemática que perjudica directamente a miles de campesinos sangileños.
Contexto
Propietarios de fincas rurales en San Gil denunciaron ante el Concejo Municipal incrementos desproporcionados en los avalúos catastrales tras la actualización realizada por el IGAC.
En algunos casos, los avalúos subieron hasta un 2.800%, lo que dispararía el impuesto predial de manera insostenible.
Ejemplos concretos incluyen: una finca en Hoya de Monas cuyo avalúo pasó de 50 a 1.000 millones de pesos en un año; otra de dos hectáreas que tuvo un incremento considerable, pasando de 18 a 305 millones; y un predio que llegó a más de 2.383 millones.
Además, predios de Juntas de Acción Comunal, como el de La Laja, con salón comunal, capilla y escuela, perdieron su exención histórica y ahora reciben cobros de más de $300.000 pesos, obligando a la comunidad a recolectar fondos.
Los afectados calificaron la situación como grave y propusieron crear un comité con Concejo, Alcaldía, líderes e IGAC para revisar caso por caso y corregir avalúos injustificados.