La administración municipal de San Gil, a través de la Subsecretaría de Salud, manifestó su más enérgico rechazo ante la agresión física y verbal de la que fue víctima una profesional de la entidad el pasado viernes. Los hechos ocurrieron mientras la funcionaria adelantaba una visita de rutina de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en un establecimiento prestador de servicios de salud en el municipio.
El incidente escaló de forma violenta cuando el representante legal del establecimiento, tras ser requerido para verificar su estado de habilitación, empujó y derribó al suelo a la servidora pública, procediendo además a arrojar sus objetos personales y documentos oficiales a la calle.
Defensa de la labor institucional
Víctor Chaparro, Subsecretario de Salud de San Gil, enfatizó que estas visitas son obligatorias por ley y tienen como único fin garantizar que los ciudadanos reciban atención bajo estándares de calidad y legalidad.
“Nosotros simplemente estamos cumpliendo con lo que la ley nos pide: verificar que los prestadores estén debidamente inscritos en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Rechazamos contundentemente estos malos tratos; nuestras funcionarias están para proteger a la comunidad, no para ser violentadas”, afirmó Chaparro.
Activación de rutas y acciones legales
Tras la agresión, la dependencia activó de inmediato los protocolos de seguridad:
- Acompañamiento policial: Se solicitó la intervención del cuadrante de la Policía Nacional de Colombia para salvaguardar la integridad de la profesional.
- Valoración médica: La funcionaria fue trasladada a un servicio de urgencias para ser evaluada tras los golpes recibidos.
- Denuncia formal: Ya se iniciaron los trámites legales pertinentes ante las autoridades competentes para que el agresor responda por el ataque al servidor público y la obstrucción de la labor estatal.
Un llamado al respeto
La Subsecretaría de Salud reiteró que no cederá en su labor de vigilancia, pero hizo un llamado urgente a la tolerancia y al respeto por parte de los comerciantes y prestadores de servicios.
Las autoridades recordaron que agredir a un funcionario público en ejercicio de sus funciones puede acarrear sanciones penales que incluyen penas de prisión, según lo establecido en el Código Penal colombiano.
Redactado por: Néstor Suárez Macías.