El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga dejó sin efectos la Resolución 0992 de 2026, mediante la cual se estableció una delimitación parcial del páramo de Santurbán, una medida que había sido cuestionada por las comunidades mineras de Soto Norte.
La decisión cuestiona que la delimitación se expidiera cuando el proceso de concertación aún no estaba completo y mientras permanecían pendientes de resolver recusaciones contra funcionarios del Ministerio de Ambiente del anterior gobierno, vinculados al trámite.
La resolución había delimitado 29.199 hectáreas en el área de influencia de municipios de Santander y Norte de Santander. Sobre esta decisión judicial, la alcaldesa de Vetas, Angélica García afirmó:
"Muy felices del fallo judicial que salió, suspendiendo la resolución por medio de la cual el gobierno anterior había hecho una delimitación expresa, desconociendo los acuerdos que se habían logrado en el año 2021 y 2022 con el Ministerio de Ambiente. Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos a los que habíamos llegado y realice una delimitación con un ejercicio más técnico y más jurídico, que es lo que nosotros esperamos".
El juez aclaró que el Ministerio de Ambiente realizó una jornada de concertación con las comunidades de Bucaramanga. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo documentó que durante esa jornada se presentaron interrupciones, discusiones y confrontaciones que afectaron el desarrollo del diálogo.
Además, la Resolución 0992 fue expedida el 6 de agosto, antes de que el Ministerio respondiera, el 18 de agosto, a las inquietudes planteadas por la ciudadanía durante la jornada de concertación del 18 de julio.
Para el juzgado, esto significó que no hubo una valoración previa, motivada e individualizada de las observaciones presentadas durante el proceso.
Por su parte, el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán anunció acciones legales contra las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno Nacional. Ante el Tribunal Administrativo de Santander, presentó cerca de 50 mil firmas en respaldo a las medidas cautelares que ha solicitado, con el propósito de que se ordene al Gobierno Nacional adoptar acciones efectivas para la protección de Santurbán y del agua.
"El agua de más de dos millones de personas, no se negocia, la ciudadanía hablo y el mensaje es muy claro. Más de 50,000 voces, respaldan la solicitud de medidas cautelares que acabamos de radicar ante el Tribunal Administrativo de Santander, le pedimos a la justicia frenar de inmediato el proyecto de Aris Mining y ordenarle al Gobierno Nacional detener la desprotección y asumir medidas reales de conservación de Santurbán. La ciudadanía unida ya actuó".
La decisión del juzgado es provisional. La Resolución queda sin efectos mientras el Ministerio de Ambiente resuelve las recusaciones pendientes y se adopta la actuación administrativa correspondiente.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué decidió el juzgado sobre Santurbán?
El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga dejó sin efectos la Resolución 0992 de 2026, con la que se había establecido una delimitación parcial del páramo de Santurbán.
¿Por qué se tomó esta decisión?
El juzgado consideró que la resolución fue expedida cuando el proceso de concertación con las comunidades aún no había terminado y sin una valoración completa de las observaciones planteadas por la ciudadanía.
¿Qué significa esto para Santurbán?
Por ahora, la delimitación establecida en la Resolución 0992 queda sin efectos. Sin embargo, la decisión es provisional y el proceso deberá continuar mientras se resuelven las recusaciones pendientes y se define la actuación administrativa correspondiente.
¿Qué viene ahora?
El Ministerio de Ambiente deberá resolver las recusaciones pendientes y continuar el trámite correspondiente. Mientras tanto, organizaciones defensoras del páramo y comunidades de Soto Norte mantienen posiciones enfrentadas sobre cómo debe realizarse la delimitación.