Con licencias ambientales incompletas, predios sin adquirir y dudas sobre su financiación, el Anillo Vial Externo Metropolitano, una de las obras de infraestructura vial más esperadas en la capital santandereana, entró en la mira de la Procuraduría General de la Nación.
La obra que está llamada a descongestionar el área metropolitana
El proyecto está concebido como la solución al colapso vial del área metropolitana.
Su trazado permitiría conectar de forma directa a Piedecuesta con Girón, sin obligar a los conductores a atravesar Floridablanca y Bucaramanga.
Para la región significa sacar el tráfico de paso del casco urbano, mejorar la logística y reducir tiempos de viaje. Sin embargo, a pesar de su relevancia estratégica, la construcción sigue sin terminarse y su avance es fragmentado.
Un proyecto bajo actuación preventiva
Ante ese panorama, la Procuraduría abrió una actuación preventiva.
El ente de control no investiga faltas disciplinarias por ahora, sino que hace seguimiento a la gestión integral del proyecto por las inquietudes que ha generado en cuatro ejes: planeación, estructuración, licenciamiento ambiental y gestión predial.
La intervención ya se ha hecho visible en espacios decisivos, como las sesiones del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.
En esos escenarios, la Procuraduría ha pedido claridad sobre los requerimientos técnicos y ha puesto el foco en las dificultades para obtener las autorizaciones ambientales necesarias para habilitar todo el corredor.
Avance parcial, bloqueos estructurales
La verificación oficial arroja un balance agridulce.
Por un lado, la CDMB ya otorgó la licencia ambiental para la Unidad Funcional 2, lo que representa un paso adelante. Por otro, el resto del trazado continúa sin los permisos requeridos.
A eso se suman otros dos frentes críticos que mantienen frenada la obra: la falta de definición sobre su financiación y el lento avance en la adquisición de terrenos.
La Procuraduría también ha advertido inquietudes frente a los avalúos prediales y a las modificaciones que ha sufrido el alcance inicial de la iniciativa, cambios que han generado incertidumbre sobre su costo y viabilidad final.
Seguimiento para evitar un nuevo elefante blanco
El Ministerio Público confirmó que continuará con el seguimiento preventivo para forzar la coordinación entre las entidades involucradas.
La meta es verificar los riesgos administrativos, técnicos y financieros, asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger los recursos públicos.