En territorio santandereano hay conmoción tras el asesinato de una mujer de 23 años en Pinchote, municipio de la provincia Guanentá.
La víctima, identificada como Paula Carley Coca Murcia, fue atacada con un arma cortopunzante mientras cumplía su jornada laboral en un local comercial sobre la carretera que conecta a San Gil con Socorro.
El hecho ocurrió sobre las 12:40 p.m. del domingo 1 de noviembre, según el reporte entregado por las autoridades.
Posición oficial: todo el peso de la ley
Frente al caso, la Gobernación de Santander fijó una postura contundente. En un mensaje público aseguró que acompaña a la familia de la joven y que ha dispuesto de todos los recursos institucionales para respaldar la investigación.
El pronunciamiento central fue: “quien comete violencia feminicida debe responder ante la justicia sin atenuantes”.
Waleska Quintero Jaimes, secretaria de la Mujer y Equidad de Género, lamentó el asesinato y señaló que se trata de un hecho que golpea a todo el departamento.
Desde la administración departamental se solicitó a los entes investigadores actuar con celeridad para esclarecer las circunstancias del ataque y garantizar que no haya impunidad.
Captura del presunto responsable
Minutos después del homicidio, la Policía Nacional activó un plan candado en la provincia guanentina.
La operación permitió la detención de un hombre de 63 años en inmediaciones del sector de ferias de San Gil, señalado de ser el presunto autor.
El hombre fue hallado con lesiones autoinfligidas, por lo que debió ser llevado a un centro médico donde permanece bajo custodia policial.
Tanto el capturado como el material probatorio fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que imputará el caso como presunto feminicidio agravado.
Llamado a no callar
Más allá del rechazo, la administración departamental aprovechó para hacer un llamado a las mujeres santandereanas que enfrenten situaciones de riesgo.
La Secretaría de la Mujer insistió en la importancia de activar la Ruta de Atención, buscar orientación institucional y denunciar a tiempo ante las autoridades competentes para acceder a medidas de protección.