La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a dos funcionarios y tres exfuncionarios del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), tras encontrar irregularidades en un contrato suscrito en 2022 para el fortalecimiento de programas deportivos en el departamento.
La decisión disciplinaria está relacionada con el contrato 341 de 2022, firmado entre Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, por un valor cercano a los 500 millones de pesos, destinado a la adquisición de implementos deportivos.
El proceso generó controversia en Santander por presuntos sobrecostos, especialmente en la compra de raquetas y otros elementos deportivos.
Las sanciones
Dentro de las sanciones impuestas por el Ministerio Público se destaca la destitución e inhabilidad por 15 años contra la exasesora jurídica Mayra Alejandra Téllez Romero. Asimismo, el entonces director de la entidad, Pedro Belén Carrillo Cárdenas, fue sancionado con 10 años de inhabilidad.
De igual forma, la Procuraduría sancionó con 9 años de destitución e inhabilidad a los profesores universitarios Ramiro Andrés Pabón Martínez y Raúl Enrique Gutiérrez Torres. Por último, Miguel Ángel Remolina Muñoz recibió una sanción de 8 años.
Según el ente de control, los disciplinados participaron en distintas etapas del proceso contractual pese a las inconsistencias detectadas en la planeación, elaboración de estudios previos, definición de costos y control de ejecución del contrato, situaciones que habrían afectado los principios de transparencia y economía en el manejo de los recursos públicos.
Faltas gravísimas
La decisión de primera instancia concluyó que los cinco implicados incurrieron en faltas gravísimas.
En el caso de Téllez Romero, la Procuraduría consideró que actuó a título de dolo al suscribir documentos sin autorización durante la etapa precontractual y vulnerar principios fundamentales de la contratación estatal.
Por su parte, Carrillo Cárdenas, Pabón Martínez, Gutiérrez Torres y Remolina Muñoz fueron hallados responsables con culpa gravísima, debido a su participación en el proceso precontractual desconociendo principios esenciales de la contratación pública.
Además, el órgano disciplinario indicó que Gutiérrez Torres incumplió con la supervisión adecuada del contrato.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander señaló que las actuaciones de los sancionados afectaron el adecuado funcionamiento de la administración pública y comprometieron los fines sociales que se buscaban satisfacer con los recursos destinados al deporte en el departamento.
El caso provocó una fuerte polémica en Santander, donde distintos sectores cuestionaron el manejo de los dineros públicos dirigidos al fortalecimiento de programas deportivos y la aparente falta de controles en la contratación estatal.