Una presunta situación anómala al interior del Concejo de San Gil está bajo la lupa de los organismos de control.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el concejal Mario Alberto Rueda Vásquez, dentro de una investigación disciplinaria que busca establecer si el cabildante incumplió sus deberes al ausentarse, presuntamente sin justificación, de varias sesiones ordinarias de la corporación.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de San Gil, dependencia de la Procuraduría General de la Nación, tras avanzar en una investigación relacionada con seis presuntas inasistencias registradas durante el periodo de sesiones de octubre de 2024.
Según el expediente, el corporado habría dejado de asistir a las sesiones programadas los días 11, 17, 18, 21, 22 y 24 de octubre, sin informar previamente a la mesa directiva del Concejo sobre alguna incapacidad, permiso o excusa que respaldara su ausencia. Precisamente, ese es uno de los aspectos que ahora busca esclarecer el Ministerio Público dentro del proceso disciplinario.
La investigación pretende establecer si el concejal incurrió en una omisión de los deberes inherentes a su condición de servidor público, al no participar en las sesiones ordinarias convocadas ni comunicar oficialmente las razones de su inasistencia, como lo exigen las disposiciones que regulan el funcionamiento de las corporaciones públicas.
Tras evaluar los elementos recopilados durante la etapa preliminar, la Procuraduría decidió formular pliego de cargos al considerar que existen méritos suficientes para continuar con el proceso. De manera provisional, la conducta fue calificada como una presunta falta grave cometida a título de culpa grave, una valoración inicial que podrá modificarse o confirmarse una vez concluya la investigación.
Es importante dejar claridad en que la formulación de cargos no significa que ya se vaya a confirmar una sanción en contra del concejal y tampoco implica que exista una declaración de responsabilidad disciplinaria.
Se trata de una etapa procesal mediante la cual el organismo de control comunica formalmente los hechos investigados y permite que el funcionario ejerza plenamente su derecho a la defensa.
Ahora se espera la defensa del concejal sangileño, quien, amparado en sus derechos, podrá presentar explicaciones, aportar pruebas y solicitar las actuaciones que considere necesarias para desvirtuar los señalamientos.
Posteriormente, la Procuraduría evaluará el material probatorio y emitirá una decisión de fondo, en la que definirá si las presuntas inasistencias configuraron o no una falta disciplinaria y si existe responsabilidad por parte del concejal de San Gil.