El secretario de Gobierno de San Gil, Orlando Quintero, confirmó que la administración municipal avanza en el cumplimiento de un fallo judicial emitido desde 2019, el cual ordena el cierre de establecimientos dedicados al trabajo sexual y que están ubicados en la carrera 11 entre calles 16 y 17 del municipio.
Según explicó el funcionario, el desacato a esa decisión por parte de administraciones anteriores obligó al actual gobierno local a conformar un comité especial para ejecutar las acciones ordenadas por el juez y evitar sanciones judiciales contra el municipio.
Quintero aseguró que desde el inicio de la administración del alcalde Édgar Orlando Pinzón se adelantaron reuniones con propietarios de estos establecimientos y se realizaron varios sellamientos durante los años 2024, 2025 y 2026. El más reciente operativo ocurrió el pasado 3 de enero de 2026, cuando fueron cerrados temporalmente varios locales señalados de ejercer actividades sexuales.
Fallo de tutela
“El juez nos ordenó integrar un comité y empezar unas tareas específicas. Ya iniciamos desde la semana pasada con consejos de seguridad y visitas de inspección para verificar industria y comercio de estos locales”, manifestó el secretario de Gobierno.
De acuerdo con el funcionario, algunos propietarios habrían intentado evadir los controles administrativos cambiando la razón social de los negocios ante la Cámara de Comercio, registrándolos como tiendas y así continuar operando.}
El funcionario señaló que la Secretaría de Hacienda, con apoyo de la Policía, realiza inspecciones para verificar la legalidad de los establecimientos, mientras la Inspección de Policía adelanta procesos que podrían derivar en cierres definitivos.
Además, indicó que el pasado domingo uno de estos establecimientos fue sellado por tres días tras registrarse una riña que obligó la intervención de las autoridades.
La Administración Municipal también sostuvo reuniones previas con los propietarios para sugerirles posibles zonas suburbanas donde podrían trasladar sus actividades, entre ellas sectores en las salidas hacia Villanueva, Mogotes y Bucaramanga.
“No les estamos diciendo que no trabajen, sino que busquen espacios alejados del área urbana para evitar los escándalos y afectaciones que hoy denuncian los ciudadanos”, afirmó Quintero.
El secretario agregó que el fallo judicial también ordena a la oficina de Gestión Social brindar orientación a las trabajadoras sexuales para que puedan acceder a otras alternativas laborales o trasladarse a otros municipios.
La Alcaldía de San Gil tiene plazo hasta diciembre de 2026 para cumplir completamente la orden judicial. De no lograrse el cierre definitivo de estos establecimientos, podrían aplicarse nuevas medidas a través de la Inspección de Policía y operativos con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército.
¿Qué pasó con las casas de lenocinio en San Gil?
Hay un inconformismo generalizado por parte de la comunidad, quien decidió presentar una acción de tutela ante la afectación por ruido, desórdenes en el espacio publico y la prostitución.
¿La Alcaldía que ha hecho?
El secretario de Gobierno, Orlando Quintero, indicó que se han desarrollado operativos que al final derivan en sellamiento de establecimientos.
¿Las casas de lenocinio hasta cuándo funcionarán?
El Secretario de Gobierno de San Gil indicó que el plazo que se ha dado es hasta final de este año y se ha planteado como alternativa zonas suburbanas cerca de San Gil, aunque habrá que analizar la posición de las comunidades campesinas.