El secuestro y posterior asesinato del ganadero Rubiel Cáceres Marín, en zona rural del municipio de Coromoro, Santander, ha generado consternación en el departamento y reavivó las alertas por la presencia de grupos armados ilegales en esta región del sur del territorio santandereano.
Frente a este crimen, las autoridades departamentales reiteraron que se mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar y capturar a los responsables.
De acuerdo con información oficial, el principal grupo señalado de estar detrás de este hecho es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada que, según las investigaciones preliminares, estaría intentando fortalecer su presencia en zonas rurales limítrofes entre Santander y Boyacá.
La Gobernación de Santander confirmó que la recompensa hace parte de una estrategia para incentivar la colaboración ciudadana y debilitar las estructuras de grupos armados organizados que delinquen en el departamento, especialmente en áreas de difícil acceso donde se han venido registrando movimientos irregulares.
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, indicó que esta medida ha sido ratificada en consejos de seguridad realizados junto con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de avanzar en el esclarecimiento del crimen que ha golpeado a la comunidad rural.
“Esta recompensa se mantiene y está siendo evaluada en los consejos de seguridad junto a la Fuerza Pública y la Fiscalía. Está dirigida a cualquier ciudadano que brinde información oportuna y veraz que permita la captura de integrantes de grupos armados organizados en Santander, especialmente de quienes estarían detrás del asesinato de nuestro ganadero en la región de Pienta”, señaló el funcionario.
Las autoridades han identificado como zonas de especial atención la región de Pienta y el municipio de Coromoro, donde se desplegaron operativos de búsqueda desde el momento en que se reportó la desaparición de Rubiel Cáceres Marín. Sin embargo, pese a los esfuerzos institucionales, el caso tuvo un desenlace trágico.
Incremento de homicidios y extorsiones en esta zona del departamento
Según explicó Hernández, la hipótesis principal apunta a que el crimen estaría relacionado con acciones de control territorial por parte del ELN, que buscaría generar presión sobre la población rural mediante hechos violentos que afectan la seguridad, la economía campesina y la tranquilidad de los habitantes.
El asesinato del ganadero ha causado temor entre productores agropecuarios de la zona, quienes han pedido mayor presencia de la Fuerza Pública y garantías para poder desarrollar sus actividades sin amenazas. Gremios del sector también expresaron su preocupación por el impacto que estos hechos tienen en la estabilidad de las comunidades rurales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a dar con el paradero de los responsables, bajo absoluta reserva. La Gobernación insistió en que la colaboración ciudadana es clave para frenar el accionar de los grupos armados ilegales y evitar que hechos como este vuelvan a enlutar a las familias santandereanas.