Una sanción económica superior a los 53 millones de pesos deberá asumir el exalcalde de Puerto Wilches, Jairo Demis Toquica Aguilar (quien recientemente fue candidato a la Cámara de Representantes por Santander), luego de que la Procuraduría General de la Nación determinara que incumplió obligaciones relacionadas con un proceso policivo para la recuperación de espacio público en ese municipio santandereano.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que encontró probado que el exmandatario, quien ejerció entre 2020 y 2023, no atendió los requerimientos formulados por el inspector central de policía dentro de un procedimiento adelantado contra ocupantes irregulares de una zona de vía pública.
De acuerdo con el organismo de control, durante el trámite se solicitó el respaldo de la administración municipal para adelantar labores de caracterización socioeconómica de las personas denunciadas por la ocupación del espacio. Este paso era necesario para avanzar en el cumplimiento de una orden de desalojo emitida dentro del proceso.
La investigación disciplinaria estableció que el entonces alcalde omitió brindar el apoyo requerido por la autoridad policiva, situación que impidió el desarrollo de actuaciones necesarias para ejecutar la medida ordenada.
Incumplimiento del exmandatario
Para la Procuraduría, la conducta constituyó un incumplimiento de los deberes legales que le correspondían como jefe de la administración local.
Tras analizar las pruebas recopiladas, el ente de control concluyó que Toquica Aguilar desatendió una orden de policía y no respondió a los requerimientos realizados por la autoridad competente. Por esta razón, calificó la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas dentro del régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos.
Como consecuencia, la Procuraduría impuso una sanción de suspensión por diez meses.
Sin embargo, debido a que el exfuncionario ya no ocupa un cargo público, la medida no podrá hacerse efectiva en los términos inicialmente establecidos.
La normativa disciplinaria contempla que, en estos casos, la suspensión sea convertida en una multa equivalente a los salarios que percibía el funcionario al momento de los hechos investigados.
Así las cosas, la sanción fue transformada en una multa económica por valor de $53.760.600 pesos.