Mientras la Alcaldía de Suratá anunciaba la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025, con el propósito de presentar ante la comunidad los principales logros, avances y metas alcanzadas durante el período, se conoció una notificación disciplinaria de gravedad contra el mandatario local.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por 15 meses, más inhabilidad especial por el mismo lapso, al alcalde de Suratá, Ecxon Jerónimo Pabón Vega.
Según el ente de control, la decisión se toma tras conocerse de un hecho irregular al interior de la administración; la falta se originó en el nombramiento en encargo, mediante acto administrativo durante la vigencia 2024, de Ludwing Guerrero Jove como jefe (e) de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), pese a que este no cumplía con los requisitos de formación académica exigidos por la Ley y el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del municipio.
Además, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga impuso a Ludwing Guerrero Jove una suspensión de 2 meses en el ejercicio del cargo.
El ente de control verificó que Guerrero Jove solo poseía título de bachiller y de técnico como trabajador en ganadería bovina, sin contar con título profesional ni tarjeta profesional en áreas agropecuarias o profesiones afines, requisitos indispensables para el desempeño del cargo de jefe de la UMATA.
El Ministerio Público
En fallo de primera instancia, la conducta del mandatario fue calificada como grave a título de dolo, mientras que la de Guerrero Jove fue tipificada como grave a título de culpa gravísima.
Esta sanción se produce en un momento en que la administración municipal busca resaltar su gestión ante la ciudadanía a través de la audiencia pública de rendición de cuentas.
La Procuraduría resaltó que los servidores públicos tienen la obligación de velar por el estricto cumplimiento de los requisitos para el acceso y ejercicio de cargos, con el fin de garantizar la idoneidad en la prestación de los servicios a la comunidad.