En líos jurídicos está el alcalde de Vélez, Orlando Ariza Ariza, a quien le impusieron una sanción consistente en destitución e inhabilidad de 13 años.
La decisión fue proferida por la Procuraduría General de la Nación en contra del actual mandatario veleño, quien cuando se desempeñaba como director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) habría incrementado injustificadamente su patrimonio durante los años 2020 y 2021.
De acuerdo con la decisión del organismo de control, durante la investigación se estableció que el exfuncionario registró un aumento patrimonial de 744.681.000 pesos, sin que lograra demostrar de manera suficiente el origen legal de esos recursos.
La Procuraduría señaló que, aunque la defensa presentó documentos y testimonios relacionados con las actividades económicas privadas desarrolladas por Ariza Ariza, las pruebas aportadas no fueron suficientes para desvirtuar las inconsistencias patrimoniales detectadas durante el proceso disciplinario.
En consecuencia, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander concluyó que existió un incremento patrimonial injustificado en favor propio mientras ejercía como director regional del Sena Santander, razón por la cual impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 13 años.
El ente de control calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que el exservidor público incumplió el deber constitucional de explicar y sustentar el origen de sus bienes y rentas.
Es en primera instancia
El abogado constitucionalista, Carlos Alfaro, explicó el alcance jurídico de la sanción disciplinaria impuesta en primera instancia al alcalde de Vélez, Orlando Ariza, y aclaró que el mandatario podrá continuar ejerciendo sus funciones mientras se resuelve el recurso de apelación.
De acuerdo con el jurista, la decisión adoptada por la Procuraduría corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que aún no queda en firme. En ese sentido, señaló que es previsible que la defensa del alcalde interponga el recurso de apelación, el cual tendría efecto suspensivo.
"Esta apelación será en efecto suspensivo, es decir, se suspende la sanción hasta cuando resuelvan la segunda instancia", explicó Alfaro.
El constitucionalista precisó que, mientras el recurso es estudiado por la autoridad competente, la destitución y la inhabilidad impuestas no producen efectos jurídicos inmediatos, razón por la cual Orlando Ariza puede seguir desempeñándose como alcalde de Vélez.
Además, recordó que restan cerca de 18 meses para finalizar el actual periodo de los mandatarios locales, por lo que el desenlace del proceso disciplinario dependerá del tiempo que tome la decisión de segunda instancia.
¿Qué ocurriría si se confirma la sanción?
Carlos Alfaro explicó que, si la Procuraduría confirma la destitución e inhabilidad en segunda instancia, el alcalde perdería automáticamente la posibilidad de ejercer funciones públicas.
"Al no poder ejercer funciones públicas, no puede ser alcalde", indicó.
En ese escenario, se configuraría una vacancia absoluta del cargo, lo que obligaría a reemplazar al mandatario municipal para culminar el periodo constitucional.
El abogado explicó que, una vez se configure la vacancia absoluta, corresponde al gobernador del departamento realizar la designación de un nuevo alcalde que termine el periodo de gobierno.
"No es que decreten una suspensión; simplemente no puede ejercer funciones públicas y, por esa razón, deja de ser alcalde", precisó.
Hay un antecedente reciente en Santander
Durante su explicación, Alfaro recordó un caso similar ocurrido en el municipio de Tona, cuando el entonces alcalde Javier Páez fue objeto de una sanción disciplinaria.
Según relató, tras esa decisión se presentó la vacancia del cargo y posteriormente se realizaron elecciones atípicas para escoger al nuevo mandatario municipal.
Con respecto a la investigación que motivó la sanción el abogado Alfaro indicó que la Procuraduría enfatizó que todos los servidores públicos están obligados a demostrar la procedencia de su patrimonio como una garantía de transparencia, integridad y confianza ciudadana en la administración pública.
¿Por qué fue sancionado el alcalde de Vélez, Orlando Ariza Ariza?
Porque la Procuraduría General de la Nación determinó, en fallo de primera instancia, que incrementó injustificadamente su patrimonio en 744.681.000 pesos durante las vigencias 2020 y 2021, sin demostrar de manera suficiente el origen de esos recursos. Esta situación se dio cuando era director del Sena, Santander.
¿Cuál fue la sanción impuesta por la Procuraduría?
La Procuraduría sancionó a Orlando Ariza Ariza con destitución e inhabilidad general por 13 años, al considerar que incurrió en una falta gravísima cometida a título de dolo.
¿Qué argumentó la Procuraduría sobre la obligación de los servidores públicos?
El ente de control recordó que los servidores públicos tienen el deber constitucional de explicar y sustentar el origen de sus bienes y rentas, como garantía de transparencia, integridad y confianza ciudadana en la administración pública.