La Secretaría de Educación de Santander respondió al fallo emitido por el Juzgado Promiscuo de Mogotes que ordenó el arresto por dos días de la secretaria Karina Araujo por un presunto desacato a una tutela relacionada con la continuidad del programa de bachillerato rural SAT en el departamento.
La acción judicial fue interpuesta por cuatro estudiantes, quienes han denunciado haber quedado sin continuidad académica en el Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT, Un modelo educativo flexible creado para llevar educación secundaria y media a zonas rurales donde el acceso a colegios tradicionales es limitado. Además, señalaron que cerca de 920 estudiantes más se encontrarían en una situación similar desde mediados de 2025.
Según se conoció a partir del primer fallo, los impartidores de justicia habrían considerado que la Gobernación de Santander no cumplió de manera integral con la orden judicial, por lo cual se declaró el desacato en contra de la funcionaria, imponiéndole dos días de arresto y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Desde la Secretaría de Educación se aseguró mediante un comunicado que el proceso aún no está en firme y actualmente se encuentra en etapa de consulta ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, autoridad que deberá determinar si existió o no incumplimiento del fallo.
La entidad sostuvo que adelantó actuaciones administrativas, pedagógicas y de acompañamiento orientadas a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes accionantes. Explicó que el fallo ordenaba brindar información sobre el acceso al modelo flexible CLEI, los procesos de homologación y las matrículas.
Además, indicó que se convocaron jornadas de orientación y mesas de trabajo los días 30 de abril y 5 de mayo, a las cuales, según señalaron, los accionantes no asistieron pese a haber sido invitados formalmente.
La administración departamental también afirmó que "actualmente Mogotes cuenta con oferta educativa oficial para jóvenes y adultos a través del modelo flexible CLEI en tres instituciones educativas oficiales. Sin embargo, reconoció que algunos estudiantes han manifestado su interés específico en continuar bajo el modelo SAT.
Por ahora, el proceso judicial continúa mientras persiste la discusión sobre la continuidad del programa de bachillerato rural que, según voceros del SAT, afecta a cientos de jóvenes campesinos en Santander.