Un presunto caso de acoso sexual por parte de un docente contra una estudiante en el Colegio Víctor Félix Gómez Nova de Piedecuesta, municipio del área metropolitana de Bucaramanga, ha generado profunda indignación y mantiene en alerta a la familia de la víctima y a la comunidad educativa.
El proceso, que ya completa cuatro años desde que sucedió el acto de agresión, avanza en la Procuraduría Provincial de Bucaramanga.
En agosto de 2023, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el profesor Bernardo Ardila Herrera, quien se desempeñaba como docente de matemáticas y estadística en el colegio piedecuestano, específicamente con estudiantes de décimo grado. Los cargos se relacionan con presuntas conductas de acoso sexual hacia una alumna de 16 años durante la vigencia 2022.
Según la investigación, en medio de una clase y frente a un trabajo en grupo, el profesor habría utilizado palabras inapropiadas, desobligantes y de carácter sensual dirigidas directamente a la menor, abusando de su posición de autoridad como educador.
La Procuraduría
Ahora, en 2026, el ente disciplinario busca corroborar si Ardila Herrera efectivamente se refirió de manera inadecuada y con términos de tipo sexual a la estudiante delante de sus compañeros.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga intenta confirmar si el maestro vulneró el derecho de la menor a ser protegida de cualquier acto que la amenazara y a preservar su intimidad.
Mientras tanto, los allegados a la joven, quien hoy tiene 20 años, exigen justicia y que el presunto responsable asuma las consecuencias de sus actos.
Sanciones posibles por acoso o abuso sexual de docentes a estudiantes
Si es hallado culpable, el docente enfrentaría sanciones disciplinarias y penales.
La Procuraduría suele imponer la destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por 10 a 19 años, según la gravedad.
Penalmente, el artículo 210-A del Código Penal tipifica el acoso sexual valiéndose de superioridad o relación de autoridad (como la de profesor-estudiante) con prisión de 1 a 3 años.
Dependiendo de las circunstancias, podrían agregarse multas, inhabilidades accesorias y acciones civiles por daños a la víctima.
Estas medidas buscan proteger a los menores y disuadir conductas que vulneren su integridad.