Floridablanca

La Fiscalía imputó cargos a exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca por irregularidades

La Fiscalía imputó cargos a la exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca y a dos exfuncionarios por presuntas irregularidades en un contrato adelantado entre 2016 y 2017.

Alcaldía de Floridablanca La imputación se da por presuntas irregularidades en un proceso contractual adelantado entre los años 2016 y 2017.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra la exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca, Laura Carolina Manrique Becerra, por presuntas irregularidades en un proceso contractual adelantado entre los años 2016 y 2017.

Junto a ella también fueron vinculados a la investigación Julio César González García, quien se desempeñaba como asesor jurídico de la entidad, y Jairo Enrique Ordóñez Torres, exfuncionario del mismo organismo.

La diligencia judicial se realizó ante un juez con función de control de garantías de Bucaramanga, donde el ente acusador les atribuyó el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a diciembre de 2016 y febrero de 2017, periodo en el que el Banco Inmobiliario de Floridablanca adelantó una licitación pública para la construcción de un cerramiento perimetral destinado a la recuperación de áreas de cesión en diferentes barrios del municipio.

Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, durante el desarrollo del proceso contractual se habrían presentado múltiples irregularidades relacionadas con los estudios previos y técnicos sobre los terrenos donde se proyectaba levantar los muros de cerramiento.

El ente investigador sostuvo que, además de las inconsistencias técnicas, durante la ejecución del proceso fueron modificadas varias condiciones inicialmente establecidas en la licitación. Entre ellas, se menciona una adición presupuestal, cambios en las condiciones de pago y modificaciones en fechas y anexos técnicos del contrato.

Para el ente fiscal, dichas alteraciones habrían generado ambigüedades en las reglas de presentación de ofertas, situación que, presuntamente, permitió el ingreso de nuevos proponentes en distintas etapas del proceso contractual, incluido el contratista que finalmente obtuvo la adjudicación.

Este hecho, aunque ocurrido hace 10 años, sigue siendo materia de estudio por parte de las entidades correspondientes y ya se conoce la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.