La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Leidy Tatiana Martínez Mora, exjefa de Planeación y Obras Públicas del municipio de Barbosa, ubicado al sur de Santander, por presuntas irregularidades en la expedición de una licencia de parcelación de un predio rural denominado “La Cuchilla”.
Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Vélez, la funcionaria habría suscrito y expedido, durante la vigencia 2022, un acto administrativo que otorgaba dicha licencia, a pesar de que presuntamente contravenía las disposiciones de la Agencia Nacional de Tierras y la normativa vigente sobre el uso, la protección, la producción y la subdivisión de tierras rurales.
El organismo de control busca establecer la posible improcedencia de la decisión adoptada por la exservidora pública, así como la eventual vulneración del principio de responsabilidad que rige la función administrativa.
De confirmarse los hechos, se configuraría una falta disciplinaria calificada como grave, a título de culpa grave.
En la investigación también está involucrado Segundo Alberto Camacho Ovalle, quien igualmente cumplía funciones como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas de Barbosa.
La Procuraduría enfatizó que este tipo de actuaciones podrían afectar la protección de los suelos rurales y el ordenamiento territorial, pilares fundamentales de la legislación agraria colombiana.
Martínez Mora tiene derecho a ejercer su defensa y a presentar los descargos correspondientes en el marco del proceso disciplinario.
Además, tal como se estableció en el edicto de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, los implicados podrían acceder a beneficios en caso de confesar o aceptar los cargos, de conformidad con el numeral quinto del artículo 215 del Código General Disciplinario.
Hasta el momento no se han impuesto sanciones definitivas, ya que el trámite se encuentra en etapa probatoria.
Este caso se suma a las acciones de vigilancia que ejerce el Ministerio Público sobre el manejo de predios rurales en municipios de Santander, con el fin de prevenir posibles abusos en la subdivisión de tierras destinadas a fines agrícolas o de protección ambiental.