La Alcaldía de Bucaramanga deberá asumir el pago de una indemnización cercana a los 500 millones de pesos a favor de 16 exfuncionarios que fueron retirados de sus cargos a finales de 2025, en medio del proceso previo a las elecciones atípicas que se desarrollaron en la capital santandereana.
Uno de los afectados es Manuel Eduardo Parada Rueda, quien para la época se desempeñaba como asesor de despacho de la administración municipal.
Según explicó, las acciones judiciales emprendidas por los exfuncionarios concluyeron que las desvinculaciones se realizaron de manera irregular, debido a las restricciones vigentes durante el calendario electoral.
“Nosotros empezamos esa batalla jurídica en enero”, aseguró Parada al referirse a las reclamaciones que fueron presentadas tras las declaratorias de insubsistencia que recibieron estando amparados por la Ley de Garantías.
Parada sostuvo que las advertencias sobre dichas restricciones eran conocidas por los funcionarios responsables de las decisiones administrativas.
“Hay que ser muy torpe, muy analfabeta, para no entender que la misma circular de la Procuraduría advertía que una vez se fije el calendario electoral, la planta del municipio no se puede mover, pero ellos creyeron que eso era mentira, que tenían muchos contactos en la Procuraduría, pero gracias a Dios en Colombia todavía existe la ley”, afirmó.
Dentro de la controversia también ha surgido el nombre de Reinaldo Rojas Suárez, quien para ese momento se desempeñaba como secretario del Interior y asumía temporalmente las funciones de alcalde debido a la ausencia del entonces mandatario encargado, Javier Sarmiento.
De acuerdo con Parada, Sarmiento habría tenido un papel determinante en la autorización de las destituciones. “Él sabía que no podía hacerlo, por eso se buscó una excusa y el día que firmaron las insubsistencias él se fue para Bogotá y no firmó”, manifestó el exasesor.
Las declaraciones han reavivado el debate sobre las responsabilidades individuales en este proceso administrativo.
Aunque la obligación de indemnizar recae sobre el municipio, algunos sectores consideran que las actuaciones que dieron origen a las demandas deberían ser objeto de revisión por parte de los organismos competentes para establecer si existieron eventuales faltas disciplinarias o administrativas.
Mientras tanto, la administración municipal deberá responder económicamente por las decisiones que derivaron en la salida de los 16 funcionarios y que hoy representan un costo para las finanzas públicas de Bucaramanga.