Mujeres capturadas

Capturan a adulta mayor acusada de extorsionar a familia en Bucaramanga: la señalan de pedir $350 millones

La detenida, presuntamente, mencionaba las rutinas de las hijas del hombre afectado y se presentaba como integrante de un grupo delincuencial.

CTI Fiscalía General de la Nación Una mujer de 68 años deberá responder por presunta extorsión tras millonaria exigencia en Bucaramanga

Una carta escrita a mano, varias grabaciones telefónicas y una exigencia económica de $350 millones hacen parte de las evidencias recopiladas en una investigación por extorsión que terminó con la captura de Mery Acosta de San Miguel, una mujer de 68 años que deberá responder ante la justicia por su presunta participación en estos hechos.

El caso tiene como punto de partida las denuncias de un hombre que, junto con sus familiares, habría sido blanco de intimidaciones durante varios meses de 2022. Las comunicaciones comenzaron en marzo y se prolongaron hasta mayo, periodo en el que recibió llamadas desde diferentes líneas telefónicas con mensajes que buscaban obligarlo a entregar dinero.

El caso por el que fue capturada la mujer en Bucaramanga

La persona que se comunicaba con la familia utilizaba una estrategia de intimidación basada en demostrar que conocía detalles de su vida cotidiana. Según la denuncia, mencionaba información sobre las hijas del afectado, incluidos los lugares donde estudiaban y trabajaban, así como algunas de sus rutinas.

El desconocido se presentaba como integrante de una estructura delincuencial identificada con el nombre de ‘Los Pajaritos’. Bajo esa supuesta pertenencia, advertía sobre posibles consecuencias para los familiares si el hombre no atendía las pretensiones económicas. La información que entregaba durante las llamadas habría incrementado el temor de las personas que recibían las amenazas.

Lejos de dejar las comunicaciones únicamente en el recuerdo de las intimidaciones, el denunciante decidió conservar pruebas de lo que estaba ocurriendo. Grabó algunas de las conversaciones y posteriormente entregó esos registros a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que fueran examinados dentro de la investigación.

La situación habría escalado cuando las exigencias no consiguieron el resultado esperado. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los presuntos responsables extendieron los contactos a otros integrantes de la familia, aparentemente con la intención de obtener información que les permitiera ubicar al hombre.

Pero hubo un elemento que dejó por escrito el monto de la exigencia. El 25 de mayo de 2022, el denunciante recibió una carta manuscrita que fue entregada por medio de un familiar y a través de su hija. El documento estaba dirigido directamente al hombre y contenía instrucciones relacionadas con el pago que le estaban reclamando.

En la comunicación escrita, los presuntos extorsionistas fijaron en $350 millones la suma que debía entregar la familia. También señalaron el lugar y la modalidad previstos para recibir el dinero, detalles que quedaron registrados en el documento y que fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Pruebas entregadas a la Fiscalía

El escrito original fue entregado a la Fiscalía como parte del material probatorio. De esta manera, los investigadores tuvieron a disposición no solo los audios de las llamadas, sino también una comunicación física en la que aparecía consignada la millonaria pretensión económica.

Con esos elementos se avanzó en las actuaciones que permitieron identificar a Mery Acosta de San Miguel como presunta involucrada en el caso. Su captura se produjo en Bucaramanga y ahora deberá enfrentar el proceso judicial por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

La investigación deberá establecer las circunstancias de su posible participación en las intimidaciones y en la exigencia de dinero que afectó a esta familia. Los hechos denunciados ocurrieron hace más de cuatro años, pero las pruebas recopiladas forman parte del proceso que permitió llegar a la detención.

La mujer tendrá que responder ante las autoridades competentes por los señalamientos en su contra. Su responsabilidad penal no está definida por el hecho de haber sido capturada y deberá ser determinada durante el desarrollo del proceso, con las garantías judiciales correspondientes.