Bolívar

Exalcalde de Bolívar, Santander, fue condenado por irregularidades en contratación pública

La Fiscalía confirmó la condena de Roque Vargas Castañeda y Gerardo Herreño y Luz Dary Carmona por contratos irregulares en Bolívar.

Emisora Bolívar La justicia ratificó la condena contra el exmandatario y dos exfuncionarios por celebrar contratos sin cumplir los requisitos legales. También deberán pagar millonaria multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil ratificó la condena contra el exalcalde de Bolívar, Roque Julio Vargas Castañeda, por irregularidades en la celebración de contratos durante su administración.

De acuerdo con el ente acusador, el exmandatario fue sentenciado a 6 años y un mes de prisión, decisión que también cobija al exsecretario de Hacienda, Gerardo Herreño, y a la exsecretaria General, Luz Dary Carmona. Los tres fueron hallados responsables del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos de ley.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2006, cuando se suscribieron dos contratos cuestionados. El primero, firmado el 27 de enero, tenía como objetivo la entrega de kits escolares por un valor superior a los 21 millones de pesos. La Fiscalía estableció que el contratista no cumplía con los requisitos financieros ni técnicos exigidos.

El segundo contrato, suscrito el 9 de mayo del mismo año, buscaba suministrar complementos nutricionales a 1.150 niños del municipio. Sin embargo, labores de policía judicial evidenciaron que no se realizaron los estudios previos necesarios y que los contratistas no contaban con la experiencia requerida para ejecutar el objeto contractual.

Para la Fiscalía, estas actuaciones vulneraron principios fundamentales de la contratación pública como la legalidad, la selección objetiva y la responsabilidad.

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia impone a los condenados el pago de una multa equivalente a 133,32 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que representa aproximadamente 173 millones de pesos colombianos.

Esta sanción económica se suma a la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante más de siete años, lo que refuerza las consecuencias legales para los exfuncionarios involucrados en las irregularidades contractuales detectadas por la Fiscalía.