Una situación relacionada con el servicio de alumbrado público salió a la luz en Barichara, considerado por muchos como el municipio más bonito de Colombia, luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara cargos disciplinarios contra el representante legal de la Unión Temporal Interventoría Barichara Alumbrado Público, Jorge Iván Uribe Parra, por presuntas fallas en la vigilancia de un contrato vinculado a la modernización del sistema de iluminación del municipio.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de San Gil, entidad que adelanta una investigación para determinar si el interventor incumplió las funciones de supervisión que le correspondían dentro del contrato de consultoría No. CM-005-2017, suscrito para realizar el seguimiento técnico a un proyecto de alumbrado público en la localidad santandereana.
El proceso se enfoca en establecer si existieron omisiones durante la vigilancia de un contrato de concesión que contemplaba la administración, operación, mantenimiento, reposición, expansión y modernización del alumbrado público tanto en el área urbana como rural de Barichara. Como parte de esa iniciativa se proyectó la implementación de tecnología LED con el propósito de mejorar la eficiencia del sistema de iluminación y actualizar la infraestructura existente.
Según el organismo de control, la interventoría tenía la responsabilidad de verificar que las actividades contratadas se ejecutaran conforme a los parámetros técnicos, administrativos y financieros establecidos. En ese sentido, la investigación busca esclarecer si la supervisión ejercida fue suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas por el concesionario.
La Procuraduría también analiza si la actuación del representante legal de la unión temporal pudo haber afectado el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos planteados para la modernización del servicio de alumbrado público. Además, evalúa si hubo una eventual vulneración de principios fundamentales de la contratación estatal, entre ellos los de transparencia, responsabilidad y economía.
Según el ente disciplinario, estos principios son esenciales para asegurar una correcta administración de los recursos públicos y para garantizar que las obras y proyectos ejecutados por las entidades territoriales respondan a los fines para los cuales fueron contratados.
Tras la revisión inicial de los elementos recopilados durante la investigación, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida a Uribe Parra como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.